Recomendaciones para el fortalecimiento normativo de las Compras Públicas Estratégicas en Costa Rica

  • Tipo: Informe
  • Autor: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
  • País: Costa Rica

Este documento presenta un análisis integral del marco normativo costarricense aplicable a las Compras Públicas Estratégicas (CPE), en el contexto de la Ley General de Contratación Pública N.° 9986 y su reglamento. A través de un estudio FODA, se identifican las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que influyen en la implementación efectiva de las CPE. El análisis resalta la importancia de las CPE como herramienta para promover el desarrollo social equitativo, la sostenibilidad ambiental, la innovación y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, propone una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la coherencia normativa, fortalecer la articulación interinstitucional y optimizar los mecanismos de seguimiento y evaluación.

El documento constituye una hoja de ruta para avanzar hacia un sistema de contratación pública más estratégico, transparente y sostenible, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al fortalecimiento de la gestión pública en Costa Rica. Es creado en el marco del proyecto EcoAdvance: Etiquetado y Compras Públicas Sostenibles, en apoyo el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Hacienda. Es implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), en consorcio con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto de Ecología Aplicada (Öko-Institut), por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor (BMUKN) a través del financiamiento de la Iniciativa Climática Internacional (IKI). 

EcoAdvance es un proyecto de cooperación internacional que busca transformar las prácticas de consumo y producción en países de la región de América Latina y el Caribe, especialmente en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil. Uno de sus principales objetivos es impulsar el uso de la compra pública como una herramienta para la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales.